El documento será entregado en cumplimiento de un acuerdo judicial. Según un relevamiento, el 80% de los censados necesita atención urgente.















Este miércoles el gobierno de Mauricio Macri le entregará a la Justicia porteña un plan integral de trabajo y un protocolo de internación y tratamiento para todos los menores con problemas de adicción al paco en el sector más crítico de la Villa 21-24 del barrio de Barracas, considerada uno de los barrios con mayor tráfico de drogas sin control policial. El documento será entregado en cumplimiento de un acuerdo judicial firmado el 27 de mayo entre el titular del segundo juzgado contencioso, administrativo y tributario y administrativo Roberto Andrés Gallardo y cinco funcionarios porteños, entre ellos la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Durante la audiencia del caso, el padre José María Di Paola, párroco de la Iglesia Caacupé y coordinador del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, expuso un demoledor panorama de la adicción en el barrio y confirmó que, a pesar de los esfuerzos, la situación “había empeorado mucho”. Luego de la exposición, todos los presentes firmaron un acuerdo que fijó un plazo de diez días hábiles para que la comuna entregue “un plan judicialmente auditable”. El plazo vence mañana y se trata del primer acuerdo sobre paco entre Gallardo y una administración municipal que hace diez meses lo recusó en forma masiva. El plan es la primera medida respecto de un grupo reducido de casos, pero la comuna lo considera “un modelo de intervención testigo que, en caso de ser aprobado por el juez, será aplicado en el resto de los barrios”.

HALCONES Y PALOMAS. La iniciativa que tendrá Gallardo en sus manos fue confirmada por fuentes del gobierno. Diez días después de que este diario revelara la existencia de 600 chicos adictos “en situación de pasillo” repartidos en todas las villas porteñas, la Procuración General de la Ciudad apeló ante el Tribunal Superior de Justicia el fallo de la jueza Andrea Danas que lo obligaba a “garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad con adicción a la pasta base de cocaína (paco), en un plazo de 90 días”. Casi en la misma fecha que se firmó el acuerdo que se cumplirá mañana, el procurador Pablo Tonelli dio la orden de continuar las apelaciones ante la última instancia judicial porteña, una polémica decisión que desató una tormenta de cuestionamientos en el interior del gobierno PRO y que terminó en diferencias entre funcionarios de Desarrollo Social y la oficina de Tonelli. Para los técnicos de la cartera social, “hay que cumplir con la orden de la jueza”, mientras que el jefe de los abogados del estado sostiene que “el Poder Judicial no puede suplantar las medidas que debe realizar un gobierno que fue votado para eso”. Si el acuerdo de Barracas se cumple, nadie sabe qué dirá la Corte porteña sobre el caso general, aunque para la mayoría de los funcionarios judiciales consultados “Tonelli ha dejado en evidencia una grave incongruencia judicial y ha mostrado una testarudez ideológica que podría costarle el cargo”.

El caso que mañana abrirá un nuevo capítulo es el expediente contencioso 12.975/9, que se originó en diciembre de 2007, cuando el juez Gallardo y el titular de la Asesoría General Tutelar 1, Gustavo Moreno, ingresaron al barrio por una denuncia de irregularidades en la elección de delegados del barrio. Al salir, el defensor de menores presentó un amparo luego de ver “a una gran cantidad de chicos adictos tirados” en los pasillos del sector La Toma, uno de los cuatro continentes que componen el mundo de la 21-24. Desde entonces la comuna ha realizado relevamientos sobre los chicos y mañana entregará un plan que involucra al SAME y a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Justicia. Según el último censo, el 80% necesita ser internado por tener cuadros agudos de adicción. Al mediodía del último miércoles de mayo y delante de cinco funcionarios porteños, además del juez, el padre Pepe les dijo lo que piensa a gran parte de los 40.000 vecinos que viven en la 21-24. “Las villas registran un alto nivel de orfandad estatal, y si bien la presencia asistencial se ha incrementado, no es suficiente, porque la cantidad de menores adictos al paco ha empeorado mucho en lo que va del año”. Hace más de un mes, cuando dijo que “la droga en las villas estaba despenalizada de hecho”, recibió varias amenazas de muerte.

FUENTE: CRITICA DIGITAL